Ushuaia, jueves 20 de mayo de 2021.- La creación del Régimen de Reparación Económica en la Provincia, destinado a garantizar el bienestar integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes hijos de madres víctimas de femicidio, fue uno de los temas que trató ayer la Comisión de Economía y Presupuesto Nº 2. El autor del proyecto, Pablo Villegas (MPF), afirmó que se trata de una intervención institucional a favor de las víctimas.
Hay que recordar que en 2020 el bloque del MPF reingresó un proyecto de Ley, –asunto Nº 80/20– que ya había presentado en 2018. Villegas contó que, ayer, los Legisladores de las diferentes bancadas, sumaron aportes que “pondremos a consideración y la idea es optimizar el texto”, reconoció el impulsor de la norma.
En tanto, agregó que existe una voluntad política manifiesta de favorecer a las víctimas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Dijo que “quienes pierden a su mamá, papá, o la pareja conviviente, porque esa es la característica del femicidio, se haya en vulnerabilidad y el Estado debe” anteponer acciones resolutivas.
Villegas advirtió que buscará evitar que el escenario sea el mismo que se observa a nivel nacional, donde a pesar de la presencia de una norma, ”como lo es la Ley Brisa, Nº 27.452, en los hechos no se cumple”, cuestionó.
Entre los fundamentos, los Parlamentarios mopofistas consideran que “los niños, adolescentes y jóvenes hijos de víctimas de femicidio deben ser protegidos por el Estado”, provincial.
El proyecto establece que, para acceder a dicho beneficio, se deben dan al menos una de las dos condiciones que detallan: “Que su padre halla sido condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de delito de femicidio contra su madre y se le halla privado del ejercicio de la responsabilidad parental“; o que “la acción penal seguida contra su padre, en la causa donde se investigue el femicidio de su madre, se halla declarado extinguida por muerte de aquél”.
En su articulado se fija que “la reparación económica será una prestación inembargable equiparada al monto total de escala que percibe una categoría diez (10) del escalafón seco de la Administración Pública Provincial, que será abonada en forma mensual y por cada hijo”.
Los requisitos establecidos en la norma propuesta son: “ser hija o hijo de la madre fallecida; ser menor de dieciocho (18) años de edad o persona con discapacidad sin límite de edad; y tener su domicilio real y permanente en la Provincia a! momento del femicidio”.
Del encuentro de ayer, participaron Myriam Martínez y Federico Bilota (FdT-PJ); Pablo Villegas y Damián Löffler (MPF); Federico Greve, Mónica Acosta y Daniel Rivarola (FORJA); Liliana Martínez Allende y presidió el legislador Federico Sciurano (UCR). En tanto, el Jorge Colazo (PV) participó de manera remota.
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