Ushuaia, jueves 30 de mayo de 2024.- “Es urgente tratar la situación de la superpoblación carcelaria y las condiciones edilicias en las que se encuentran los lugares de detención. Además debemos brindar espacios seguros de trabajo al personal penitenciario”, alertó la presidenta de la Comisión de Seguridad Nº 6, legisladora Natalia Gracianía del bloque Republicanos. Se trató de un encuentro pautado para analizar el proyecto de Ley que busca declarar la emergencia de la infraestructura de las unidades de detención provinciales.
Asimismo enfatizó que la iniciativa impulsada por el bloque del MPF, considera también la posibilidad de mejorar las prestaciones laborales del personal. Informó que existe una población carcelaria de 348 internos de los cuales al menos cien de ellos “están procesados por diferentes delitos, el resto posee condenas con muchos años de cárcel, de cumplimiento efectivo. Es preciso hallar una respuesta ya sea a mediano o largo plazo”, enfatizó.
Si bien reconoció su conformidad por la participación y exposiciones que realizaron, tanto el viceministro Coordinador de Gabinete, Jorge Canals y el director provincial del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, anunció que convocarán a representantes de la Justicia y también a funcionarios de economía.
“Se abrirá la posibilidad de la participación pública-privada, con el objetivo de construir, en el futuro, una nueva unidad carcelaria para dar respuesta a la necesidad. Siempre son buenos los espacios de debate”, reconoció la referente de Republicanos.
Además, contó que no solo analizaron las cuestiones vinculadas al hacinamiento y la superpoblación, sino expusieron detalles acerca de la visita que junto a otras autoridades efectuaron a la alcaidía de Ushuaia. “En el pabellón conviven setenta personas, es decir, el doble de población para lo que fue diseñada”, señaló.
Respecto a la unidad de detención de Río Grande, indicó que la situación es similar al de la capital provincial. Precisó que los funcionarios del Gobierno anunciaron la puesta en marcha de dos espacios, uno para cada ciudad. Para Gracianía es preciso “avanzar” sobre cuestiones estructurales que brinden una solución de fondo.
Sobre la participación pública-privada en el servicio penitenciario, comentó que se trata de una posibilidad, que posee antecedentes en otros países donde se llevó a cabo con éxito. “Los privados podrían participar en la construcción de nuevos espacio de detención y la seguridad, es una cuestión indelegable al Estado. Todo ello se realizaría en el caso de consensuar una Ley de emergencia”, enfatizó.
ZV-NEGM
