Ushuaia, lunes 14 de mayo de 2018.- La Comisión de Salud Pública (5) del Parlamento, dictaminó -la semana pasada- sobre el asunto 262/17 que refiere a la creación del Órgano de Revisión de Salud Mental y la Comisión provincial de Salud Mental y Adicciones. En este sentido, la legisladora Marcela Gómez (FPV – PJ) autora de proyecto de Ley, brindó detalles de la futura norma. Fue presidido por la parlamentaria, Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos).
En diálogo con Prensa Legislativa, la legisladora Marcela Gómez, impulsora del proyecto, comentó que “es un asunto ingresado el año pasado, que tenemos en discusión en la Comisión de Salud Pública, para adecuarnos como Provincia a la Ley nacional N° 26.657”.
“Nuestra propuesta es que el órgano funcione bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia”, explicó Gómez. La Parlamentaria aseguró que la norma “permitirá garantizar plenamente los derechos de los usuarios de salud mental”.
Respecto del órgano revisor, el proyecto propone que esté integrado por “un representante del Ministerio de Salud; uno de la Defensoría Pública, un representante de usuarios y familiares de Salud Mental, un representante de las organizaciones no gubernamentales y por supuesto, la Secretaría de Derechos Humanos, que ejercería la presidencia, a través de una Secretaría ejecutiva”, dijo la referente del bloque del FPV – PJ.
También, detalló que el mismo proyecto prevé la creación de la “Comisión provincial de Salud Mental y Adicciones, que actualmente está funcionando como un espacio interministerial, pero se propone incorporar a un representante del Poder Legislativo y uno del Poder Judicial”.
El objetivo fundamental de la Comisión provincial será “planificar, diseñar y coordinar las políticas públicas de prevención y asistencia de salud mental y adicciones, asegurando la protección de los derechos humanos de las personas”, aseguró Gómez.
Por otro lado, durante la Comisión participó el director nacional de Salud Mental, psicólogo Luciano Grasso. Dijo que “la mayor preocupación hoy, a nivel nacional, es la distancia que hay entre cómo está organizado el sistema sanitario y cómo debería ser, para dar respuesta a los problemas prevalentes de salud mental y así dar cumplimiento a lo que plantean los organismos internacionales y la propia Ley”.
Finalmente, el funcionario nacional sostuvo que “en definitiva, la norma propone una red de atención con base en la comunidad, con atención en el primer nivel de salud. En el caso de personas con trastornos mentales severos que son externados, que existan dispositivos alternativos, como módulos habitacionales para quienes no tienen lugar donde vivir ni vínculos familiares que los contengan”, cerró Grasso.
Cabe señalar, que la propuesta, luego del trabajo realizado durante distintos encuentros en el ámbito Parlamentario, será tratada en la próxima sesión, donde se espera se convierta en Ley.
