Ushuaia, domingo 26 de agosto de 2018.- En la 6ª sesión ordinaria de la Legislatura fueguina, el Parlamento aprobó -por unanimidad- la modificación a la Ley provincial Nº 389 – Régimen de Pensiones Especiales (RUPE) con el fin de otorgar accesibilidad al trabajo a aquellas personas encuadradas en este sistema. La legisladora Liliana Martínez Allende (UCR-Cambiemos) celebró el acompañamiento. “Que puedan trabajar es darles toda la dignidad que se merecen”, aseguró.
La Parlamentaria radical pidió a sus pares, durante la sesión, que acompañen el proyecto, “el pedido lo realizan un grupo de personas que tienen comercios en Ushuaia y quieren brindar una oportunidad a aquellas personas con discapacidad que están en condiciones y con ganas de trabajar”.
“Las personas con discapacidad tienen miedo de perder la pensión que les otorga el Gobierno, por eso considero muy necesario hacer esta modificación a la Ley y, no solo que puedan trabajar y ganarse su sustento, sin necesidad de contar con la pensión y en caso de quedar desempleados puedan acceder nuevamente al beneficio, inmediatamente y sin mayores trámites”, explicó.
El asunto fue acompañado por la totalidad de los Parlamentarios, “que puedan trabajar es otorgarle toda la dignidad que se merecen”, celebró Martínez Allende.
Por su parte, la legisladora Mónica Urquiza (MPF), dijo que la aprobación de esta modificación, “era una deuda que esta Legislatura tenía con las personas con discapacidad y permite que todos estos ciudadanos, con capacidad para hacer alguna labor, puedan acceder a un trabajo o programa de entrenamiento laboral, que en ese tiempo la pensión se suspenda y no se dé de baja”.
La modificación que agrega el artículo 19 a la Ley, prevé que “si el trabajador discapacitado percibe una suma menor a la de su pensión, el Estado le abonará la diferencia”, explicó la presidenta de la bancada del MPF.
La Ley nacional N° 22.431 del Sistema de protección integral de las personas discapacitadas establece: «Un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales», cerró.
