Ushuaia, sábado 7 de diciembre de 2024.- La legisladora provincial Gisela Dos Santos, del Bloque Sumemos Tolhuin, adelantó su participación en la última sesión ordinaria de la Legislatura Provincial, que se realizará el próximo miércoles a las 10 de la mañana. En esa instancia clave se debatirán temas trascendentales, entre ellos el proyecto de Ley de Presupuesto 2025; la declaración de emergencia en el sistema de seguridad y la suspensión de la aplicación de la Ley provincial Nº 1075 sobre el impuesto inmobiliario.
Dos Santos celebró el dictamen favorable para la sanción del presupuesto provincial 2025. “Será fundamental para garantizar un seguimiento y control permanente de las proyecciones de las diferentes áreas del Gobierno provincial. Es un paso necesario para fortalecer la planificación y gestión públicas”, afirmó.
Otro tema central será la sanción del proyecto de emergencia del sistema penitenciario y de la Policía provincial. “Junto a mi equipo, con la concejal Florencia Auat y el jefe de la Policía Jacinto Rolón, recorrimos las sedes y luego realizamos un diagnóstico exhaustivo sobre las condiciones de los edificios públicos, las herramientas y los vehículos de la fuerza en Tolhuin”, describió. “Posteriormente lo presentamos ante la Comisión de Seguridad Nº 6. Esta emergencia permitirá fortalecer el sistema tanto de la seguridad como penitenciario mediante mayor inversión, beneficiando a cada una de las ciudades”, subrayó la Legisladora.
La Legisladora también se refirió al tratamiento del proyecto de Ley con el cual se deberá definir si continúa o no la suspensión de la aplicación de la Ley provincial Nº 1075 – Código Fiscal, en relación al impuesto inmobiliario. “Lo importante es que prime el diálogo político entre el Gobernador y los tres Intendentes. La Legislatura debe actuar con prudencia en este sentido, y consideró que lo más sensato sería prorrogar la actual Ley por 12 meses más”, expresó.
Dos Santos destacó que, en este período de prórroga, debería existir el compromiso de alcanzar un acuerdo político definitivo entre el gobierno provincial y los municipios. “Es esencial lograr consenso para definir si la Ley provincial Nº 1075 se aplica en todas sus partes, si debe ser derogada o si se crea una nueva normativa bajo términos acordados entre el Gobierno y las Municipalidades. Estuve en contacto con el intendente Harrington y me manifestó que en este contexto económico, todos los recursos son importantes para prestar servicios a la comunidad, y en ese sentido, coincidimos”, cerró.
