FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

	El proyecto de ley que presento a consideración de esta Cámara, tiene por objeto reconocer acción judicial para la protección jurídica, de los intereses difusos o derechos colectivos. En otras palabras instaura la denominada “acción judicial” en nuestro sistema jurídico, que hasta ahora no cuenta con un régimen que suministre protección judicial acorde con su importancia y la intensidad que demanda su tutela.

	Para su interpretación correcta es menester plasmar un concepto de “intereses difusos o derechos colectivos”: Son aquellos derechos cuya titularidad no corresponde solamente a los individuos sino que es ejercida exclusivamente o en forma compartida por ciertos grupos sociales, mas o menos amplios, mas o menos difusos o, incluso por toda la sociedad.
	De tal forma que la satisfacción del interés que atañe a cada individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta, simultánea y globalmente, a los demás integrantes del conjunto comunitario.

	¿Por qué  fueron denominados difusos? Porque el principal obstáculo a superar lo constituía la teoría procesal de la legitimación, al no encontrarse el derecho subjetivo individual; el objeto tutelado, al no ser específico; y la protección jurídica, por los efectos posibles que alteraban instituciones consagradas por la seguridad jurídica: “la cosa juzgada”.

	La problemática de los intereses difusos no es un divertimiento doctrinario, una excentricidad que busca romper la monotonía de una situación consolidada y satisfactoria, es una amplísima gama de verdaderos derechos vitales que hacen a la calidad de vida 

	La Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tiene una obligación para con el futuro y sus hijos, el derecho moderno le exige la protección de los intereses difusos.

	La modernidad o el modernismo, con una sensación de avance continuo, de rupturas de barreras, de quiebre de cuestiones preestablecidas, y casi nos atreveríamos a decir, de acceso infinito a los conocimientos, provoca a su vez una vasta red de nuevas manifestaciones, muchas de ellas de carácter negativo en cuanto amenazan o lesionan intereses y derechos fundamentales del hombre, comprometen bienes que hacen al patrimonio común, a saber, el medio ambiente, el equilibrio ecológico, los valores éticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paisajísticos, los intereses y derechos del consumidor etc.

	Por ello, frente a la violación de la legalidad, deviene imprescindible intentar la institucionalización de un cuarto poder: el poder controlador, que opere desde fuera del Gobierno, pero que sin embargo se inserte dentro del orden jurídico, actuando a modo de una auditoría externa a cargo del cuerpo social y por conducto del poder judicial.

	Se impone un cambio de rumbo, todo este planteo encierra como idea la importancia de tomar al ser humano como un fin en si mismo y por ende promover la solidaridad entre ellos, la solidaridad de intereses fundamentales para alcanzar la convivencia.

FUENTES

	En una situación de funcionamiento normal de los mecanismos institucionales, compete primariamente al Poder Legislativo la regulación de ciertos intereses comunitarios o supraindividuales difusamente protegidos. La recepción en norma legal comporta la condición necesaria para que el interés difuso adquiera relevancia en orden a la proyección legitimadora.

	La Legislatura Provincial debe dar la posibilidad de permitir el acceso a los habitantes a derechos fundamentales que implicitamente están contenidos en la Constitución Nacional ( artículo 33), y expresamente la actual Constitución reformada en los articulo 41, 42 y 43. Es que no pueden quedarar en la orfandad derechos esenciales de los habitantes; este acceso a la jurisdicción es propio de un estado de derecho que busca el estado de justicia, y consecuentemente la Justicia social.

	Otra fuente que podemos citar es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su articulo 8 y el pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 25.

	La Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su parte, también hace lo suyo el preámbulo protegiendo los derechos sociales; consolidando un estado de derecho bajo el imperio de la Ley, asegurar a todos los habitantes el acceso a los medios para preservación de la salud, proteger el medio ambiente, reivindicar el dominio de los recursos naturales; art. 13 ; art. 14 incisos 2, 5, 8 y 9 ; art. 25; art. 31 inc. 1, 4, 8, 9, 11 y 12; art. 43; art 44; art 50; art. 54; 55; 56; 57;58;60;61;62; y art. 63 “con las limitaciones que establece la presente constitución”; art. 64; art. 65 ”hasta donde ello sea compatible con el bienestar general de la población”, y específicamente el art. 49 ”la ley otorga y garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado Provincial, la legitimación para obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole, reconocidos explícita o implícitamente en esta Constitución”.

		Pienso que, de sancionarse el proyecto de ley que presento a consideración de la Cámara, se llenará un sensible vacio en la protección de los intereses de la sociedad y de los individuos, y será un significativo avance en la participación democrática de los ciudadanos en el manejo de la cosa pública.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Procederá la acción de protección de intereses difusos por trámite sumarisimo contra cualquier decisión, acto u omisión, en forma actual o inminente, de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal, las demás personas jurídicas públicas, las personas privadas de existencia física o ideal, que generaren o pudieren generar lesión, privación, perturbación o amenaza, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a los intereses difusos de los habitantes de la provincia, en la tutela de la educación, de la salud pública, en la  conservación de la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente, y del equilibrio ecológico, en la preservación del patrimonio histórico, cultural, urbanístico, estético y artístico, en la correcta comercialización de mercaderías a la población y sus intereses como consumidor y, en general, en la defensa de valores similares de la comunidad en general o de cualquier grupo humano en particular, a fin de salvaguardar la calidad de vida.

ARTICULO 2º.- La acción podrá tener carácter preventivo o reparador, debiendo el juez interviniente resolver en carácter de medida cautelar:
•	 a) la paralización de los procesos que generen emanaciones o desechos contaminantes para el medio ambiente o vulnerables del equilibrio ecológico;
•	 b) la paralización de las obras que sean susceptibles de modificar el entorno urbanístico, histórico, arquitectónico, estético, arqueológico, cultural o paisajístico de un lugar determinado; 
•	c) la prohibición de comercializar los productos o servicios que sean susceptibles de vulnerar los intereses de los consumidores y 
•	d) toda otra medida cautelar que por su carácter sea necesaria para evitar la continuidad del daño o su producción.

ARTICULO 3º.- Caduca el derecho a la acción cuando hubieren cesado los efectos dañosos o la amenaza efectiva de su producción.

ARTICULO 4º.- La acción podrá interponerse ante cualquier juez de primera instancia, con competencia en el lugar en que la decisión, acto u omisión se exteriorice, o tuviera o pudiera tener efecto, o en el lugar del domicilio del demandado a elección del accionante.
     Cuando se plantearan acciones en diversos juzgados por una misma decisión, acto u omisión, conocerá de todas las acciones que se deduzcan, el juez que hubiere prevenido, quien dispondrá la acumulación de todas.

ARTICULO 5º.- La acción podrá interponerse por cualquier persona, física o jurídica interesada, por sí o por apoderado, en su carácter de miembro de la comunidad, como así también por la Provincia, los Municipios, las Comunas, el Ministerio Público, las Defensorías Oficiales o las entidades de defensa de intereses difusos o ecológicos; todas las cuales estarán libre de costas y cauciones, las que serán abonadas si el actor resulta perdidoso con los fondos del organismo creado en el artículo 18, de la presente ley.

ARTICULO 6º.- El escrito de interposición deberá contener:
•	a) El nombre y apellido y domicilio real del accionante;
•	b) El nombre y domicilio si fuera posible de quien cometió la decisión, acto u omisión que motiva la acción; 
•	c) La relación ordenada y sumaria de los hechos y la descripción del interés afectado;
•	d) La expresión del derecho en que se funda la acción, bastando a este último efecto la mención del contenido del mismo;
•	e) La medida cautelar que se pretende o la razón por la cual la misma no procede;
•	f) La petición en términos claros y precisos. 
 
En el escrito se constituirá domicilio legal y, en su caso, se justificará la personería de acuerdo con lo dispuesto en el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la Provincia.
En el mismo escrito se deberá presentar toda la prueba que obre en poder del interesado y se ofrecerá toda la prueba de que pretenda valerse , indicándose de ser posible el lugar donde se encuentre y su contenido.
Del escrito de interposición de la acción y de la prueba, el actor deberá acompañar copia que certificará el actuario.

ARTICULO 7º.- Presentado el escrito, el juez constatará la admisibilidad, resolverá inaudita parte la medida cautelar que correspondiere y, correrá traslado de la acción al demandado y conjuntamente al Agente Fiscal si fuera una autoridad administrativa la demandada, y al Fiscal de Estado para el caso de ser el Gobierno de la Provincia el demandado, con copia del escrito de interposición de la acción y de la prueba, en un plazo no mayor de dos días.

ARTICULO 8º.- Notificada la autoridad pública o persona privada de la acción y en su caso de la medida cautelar dispuesta, suspenderá inmediatamente los efectos de la decisión, acto u omisión, salvo que comunicase al juez la posibilidad de producirse, a raíz de ello, un daño inminente y grave para el interés u orden público, daño que el juez valorará en relación con el interés difuso lesionado o amenazado de lesión, en tal caso el juez podrá relevarlo de aquella obligación.

ARTICULO 9º.- El demandado será emplazado para que conteste la demanda dentro del término de cinco días, bajo apercibimiento de que si no la contesta se dictará sin mas trámite y conforme a derecho la sentencia que corresponda.                                                                                                                                                              
En el escrito de responde deberá el demandado oponer todas sus defensas y excepciones y ajustarse en cuanto a la prueba, a los mismos requisitos previstos para el actor.
Solo podrán eximirse de responsabilidad cuando acreditasen que el daño o la amenaza del mismo son consecuencia de un tercero por el cual no deben responder, de la culpa grave de la víctima o presentante, de caso fortuito o fuerza mayor.
La responsabilidad de los sujetos no quedará eximida por la circunstancia de mediar autorización administrativa para el ejercicio de las actividades o el empleo de las cosas que generen la lesión, privación, perturbación o amenaza de los intereses difusos.
Las excepciones serán resueltas en la sentencia.

ARTICULO 10º.- Fuera de los momentos indicados, no se admitirá ninguna otra prueba; el actor podrá, sin embargo, proponer la que fuera pertinente y relativa a los hechos nuevos que adujere el demandado en su respuesta, dentro de tres días de notificada ésta; el Juez podrá tomar medidas para mejor proveer y dispondrá el plazo en el cual deberá producirse la prueba que se proponga, la que se tomará en la audiencia llamada a tal efecto.

ARTICULO 11º.- Si en oportunidad del emplazamiento el demandado se allanara a las pretensiones del actor, el juez, sin más trámite, dictará sentencia conforme a aquellas, eximiendo de las costas a la allanada.

ARTICULO 12º.- Vencido el término de prueba, el juez dictará sentencia dentro de los tres días siguientes, indicando concretamente la conducta que observarán las partes y el plazo dentro del cual deberán hacerlo, la reposición de las cosas al estado anterior al menoscabo, y el resarcimiento pecuniario del daño globalmente producido, pudiendo asimismo fijar multas teniendo en cuenta la situación patrimonial del demandado, el hecho gravoso realizado y la importancia del interés colectivo dañado. 
Esta acción no excluye el ejercicio individual de la acción indemnizadora por quienes particularmente hubieren sufrido un efectivo perjuicio en sus derechos.

ARTICULO 13º.- Las únicas resoluciones apelables serán las que resuelvan las medidas cautelares y la sentencia. La apelación deberá deducirse fundadamente dentro del término de tres días, al solo efecto devolutivo, pudiendo ser otorgada con efecto suspensivo excepcionalmente si la decisión, acto u omisión de continuar pudiere producir un daño grave e irreparable al ecosistema.

ARTICULO 14º.- Concedido el recurso, se elevará el expediente sin dilación y sin más trámite al superior que corresponda.
En segunda instancia no habrá substanciación alguna y el tribunal resolverá  dentro de los tres días siguientes. 
Para mejor proveer, el tribunal podrá disponer las diligencias que estime necesarias, sin perjuicio del plazo para resolver.

ARTICULO 15º.- Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería, las que los jueces podrán adaptar al solo efecto de asegurar un trámite rápido y expedito.

ARTICULO 16º.- Siendo la requerida la administración pública, no contestada la demanda en el plazo expresado en ésta ley serán responsables los empleados o funcionarios públicos o representantes, no valiendo para el caso la excusa de obediencia debida, ni otra alguna. El incumplimiento determinará las responsabilidades consiguientes a la violación de los deberes del cargo y, a los fines que se hagan efectivos, los jueces remitirán los antecedentes a quienes correspondiere.

ARTICULO 17º.- Incumplida la sentencia dentro del plazo fijado al efecto, el juez de oficio o a petición de parte o del agente fiscal indistintamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, adoptará las medidas que procedan en derecho, pudiendo inclusive imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas encaminadas a que los litigantes las cumplan.
Las multas serán a favor del organismo previsto en el artículo 18.

ARTICULO 18º.- Créase el “Fondo de Defensa de Intereses Difusos”, el que será administrado por el Poder Ejecutivo Provincial o repartición que éste indique, al que ingresarán los importes resultantes de las sanciones pecuniarias que se impongan judicialmente por aplicación de los artículos 12, 17  y 20 de la presente.
El citado fondo será destinado, conforme lo disponga la reglamentación respectiva la que deberá dictarse en un plazo de 90 días de promulgada la presente ley; y no podrá menoscabar las siguientes funciones:

•	a) La realización de las obras necesarias o complementarias, sin perjuicio de las impuestas al responsable, para la reposición de las cosas al estado anterior al menoscabo del interés difuso.
•	b) La adopción de medidas idóneas para la prevención de ulteriores daños.  
•	c) La realización y promoción de planes de educación e información para la protección de los intereses difusos.
•	d) Tendrá legitimación activa al igual que los sujetos previstos en el articulo 5.
•	e) La reglamentación del Fondo no podrá menoscabar los derechos reconocidos por ésta ley, ni otorgarles otros, excepto los necesarios para su organización.

ARTICULO 19º.- Cuando no fuere posible determinar en el momento de la sentencia, con precisión suficiente, las consecuencias futuras del daño producido, o fuere verosímil la aparición de nuevos daños derivados de la misma decisión, acto u omisión, o la prolongación o agravación posterior de los perjuicios originarios, el juez podrá de oficio, a petición de parte, del agente fiscal y del organismo creado en el artículo 18, la revisión de la condena durante un lapso improrrogable de dos (2) años como máximo, a contar del día en que falló.

ARTICULO 20º.- En caso de litigar maliciosa o temerariamente, la actora será condenada al pago de las costas, pudiendo ser multada si actuó con evidente abuso de derecho, sin perjuicio de la responsabilidad por daños que la misma deba responder civilmente.

ARTICULO 21º.- De forma.