FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Cuando los intereses particulares ocupan el lugar central en la conducta de los agentes y funcionarios públicos, emerge la corrupción, al anteponerse, desde el estado, los intereses individuales, grupales y/o familiares al interés público.

Según Fernando Savater “los valores socialmente aprobados quedan codificados en diversos tipos de normas o leyes, que explicitan de forma públicamente imperativa la conducta requerida así como la descartada. Y las colectividades suelen inculcar tales comportamientos socialmente valiosos por medio de coacciones, que pueden ir desde la simple desaprobación social hasta los más drásticos castigos  para las conductas disidentes.
Pero hay que evitar cuidadosamente confundir la reflexión ética con la búsqueda de justificaciones judiciales para sancionar una conducta. La ética no se centra en la prevención y castigo de los delitos, ni en proporcionar legitimaciones para tales coacciones, ni siquiera en elaborar razonamientos sobre lo colectivamente reprobable, como parecen suponer quienes, ante cualquier oleada de escándalos o delitos empiezan a pedir ética como quien pide un buen garrote. Para la conciencia ética, lo malo no es aquello que puede ser sancionado, sino lo impropio de mi.”  

Dice Savater: “...superada la fase infantil, que espera premios  o teme castigos por hacer lo que en conciencia cree que más le conviene, lo que distingue a la opción ética es que prescinde de la parafernalia de obligaciones y sanciones. También por supuesto del afán de mérito. En cambio, sigue señalada por la responsabilidad , o sea la vocación de no ser indiferente ante los valores puestos en juego aquí y ahora...así como la disponibilidad de hacer inteligibles a otros los motivos que consideramos determinantes de la conducta asumida como propia. ..........En el ámbito jurídico y del estado, se plantean normas o leyes, se crean obligaciones y se imponen, llegado el caso, determinadas sanciones...Los códigos explícitos o implícitos señalan lo decente en el ejercicio de los oficios, profesiones y cargos públicos. Lo característico de este nivel valorativo, es que no proyecta su juicio sobre la conducta de los seres humanos como tales, ni se ocupa primordialmente del ideal de vida buena, sino que su jurisdicción sólo abarca a los miembros de determinados grupos o a los sujetos de ciertas actividades (y sólo cuando están comprometidos a realizarlas).

Continúa el filósofo español: “algo moralmente tan inocente como recibir regalos con los que alguien nos testimonia su afecto, puede ser deontológicamente incorrecto si se ocupan ciertos cargos públicos”... “están en juego aquí cuestiones de procedimiento, e incluso podríamos decir que de disciplina... Este sesgo formalista provoca que inevitablemente haya roces o choques frontales entre la conciencia moral y la deontológico (término utilizado en su sentido más amplio como “lo apropiado”, “ lo conveniente al caso”) ...Desde luego que habrá quien se escude en “es lo que marca la ley” o “me limité a cumplir órdenes” para explicar o explicarse los comportamientos de efecto más atroz: nuestro siglo ha conocido ejemplos señeros...que ilustran los siniestros resultados que puede llegar a tener la limitación o sustitución de la responsabilidad moral por la pura obligación deontológica...(Fernando Savater, Diccionario Filosófico, Ed. Planeta,1997).

La ética de la función pública se funda en el principio de garantizar a todas las personas el derecho a buscar su propio beneficio en tanto no violen el derecho de los demás a hacer lo mismo.
La noción de ética pública entonces, tiene como “piso” la honestidad personal y colectiva de los funcionarios y agentes, junto a su capacidad e idoneidad para ejercer las responsabilidades de legislar, gobernar e impartir justicia. No puede haber un sistema estable de gobierno si prevalece el descreimiento acerca de la honestidad, la capacidad y la idoneidad de quienes lo integran.

Al decir del Prof. Tesoro “ las cuestiones básicas de la ética pública son: a) cómo asegurar que los agentes y funcionarios públicos experimenten y mantengan realmente una vocación por los intereses generales y por el bien común más que por los intereses materiales particulares y b)  cómo asegurar que, experimentando tal vocación, reúnan la independencia y la idoneidad para ejercer sus funciones de manera eficaz y eficiente.”( José Luis Tesoro, “Los códigos de conducta en la función pública: fortalezas y debilidades”, Revista Probidad N° 8, Septiembre-Octubre/2000) 

Siguiendo con el mismo autor citado, en caso de no estar cubiertas las condiciones básicas mencionadas, “cabe suponer que algunos individuos sólo acudirán  a la función pública por resultarles más beneficiosa que la actividad privada. La necesidad de normatizar y codificar la ética pública surgiría entonces al decaer o al no existir el ideal social vinculado al interés general. Las principales ventajas de las normas y códigos de ética pública son esencialmente las siguientes: proveen pisos y cotas explícitas al comportamiento de funcionarios y agentes y disponen mecanismos punitivos por eventual incumplimiento.

La Constitución Nacional, en su artículo 36 establece que “el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función”.

El documento final de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que nuestro país ratificó por Ley N° 24.759, incluye en su Art. III (“Medidas Preventivas”) normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de funciones públicas, mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas, instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades y sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas.

Por Decreto N° 41/1999 se aprobó el Código de Etica de la Función Pública elaborado por la Oficina Nacional de Etica Pública que establece entre otras cosas que “ el fin de la función pública es el bien común” y que “el funcionario público tiene el deber primario de lealtad con su país a través de las instituciones democráticas de gobierno, con prioridad a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza”.

En su articulado establece principios generales tales como la probidad, la prudencia, la justicia, la templanza, la idoneidad y la responsabilidad (arts.8 a 13) y principios particulares tales como la aptitud e idoneidad, la capacitación, la evaluación de antecedentes, la transparencia, la independencia de criterio, el ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del estado etc.(arts.14 a 35)

La Ley Nacional de Etica Pública N° 25.188 , sancionada el 29/09/1999 entiende la función pública  como toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos y adecua sus principios al Código de Etica de la Función Pública . En su art.23 dispone la creación de la Comisión Nacional de Etica Pública, en el ámbito del Congreso de la Nación y por Decreto N° 102/1999 se crea la  Oficina Anticorrupción, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suprimiéndose tanto la Oficina Nacional de Etica Pública como el Consejo Asesor de Etica Pública.

Dadas todas estas referencias normativas con el objeto de proporcionar un panorama general acerca de la legislación nacional en la materia, cabe hacer alusión a las palabras de Aristóteles en “La Política”: “ la ley no es tal cuando se la publica oficialmente, sino cuando se integra al hábito cotidiano de los ciudadanos. Por eso el legislador ha de asegurar, antes de sancionarla, que la misma será cumplida por los gobernados, de lo contrario, más vale que no se la sancione. Si la ley aprobada da lugar al incumplimiento, no sólo el legislador no habrá alcanzado su objetivo, sino que además habrá debilitado el prestigio de la ley en cuanto tal” .

Si la ley entonces no está internalizada en el cuerpo social y no se vivencia como propia su formulación y puesta en práctica, deviene inútil cualquier sanción que de ella se haga.
Sucede, al decir de José Nun, " que una cosa es concebir a la democracia como un método para la formulación y toma de decisiones en el ámbito estatal ; y otra bien distinta imaginarla como una forma de vida , como un modo cotidiano de relación entre hombres y mujeres que orienta y regula al conjunto de las actividades de una comunidad.
Aludimos, en los términos clásicos de Burdeau, al contraste entre una democracia gobernada y una democracia gobernante, es decir, genuina.
En el primer caso, la participación popular tiene reservado un papel secundario y básicamente defensivo: de manera periódica, la ley convoca al pueblo para que decida cuál de las minorías potencialmente dirigentes debe gobernarlo; y una vez cumplido este acto lo disuelve como tal. 
Diferente es el caso de la democracia gobernante, que busca maximizar la participación directa del pueblo en la formulación de políticas y en la toma de decisiones y no exclusivamente en la elección de quienes van a tener a su cargo estas tareas."(José Nun "La Rebelión del Coro" Ed. Nueva Visión,1989) 
Por todo lo expuesto y en virtud de que la  Ley 25.188 en su artículo 47 invita a las provincias  para que dicten normas sobre regímenes de declaraciones juradas, obsequios e incompatibilidades vinculadas con la ética de la función pública, y en la profunda convicción de que esta ley es ansiosamente esperada por el conjunto de la población que prontamente la internalizará y la tomará como propia, cumpliendo y haciendo cumplir sus preceptos, solicito a los Sres. Legisladores el acompañamiento en este proyecto

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

CAPITULO I
OBJETO Y SUJETOS

Artículo 1º: La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública para el desempeño de cargos en el estado provincial, establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública entendiendo por tal, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del estado o al servicio del estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del estado provincial.

CAPITULO II
DEBERES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ETICO

Artículo 2º: Se consideran principios básicos de la ética de la función pública:
a)	la idoneidad y honestidad para el acceso y ejercicio de la función pública
b)	la garantía de mayor transparencia, registro y publicidad de los actos de gobierno, ajustando las conductas individuales al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la actividad de la Administración Provincial
c)	el fortalecimiento del sistema republicano de gobierno, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes
d)	la promoción del bienestar general, priorizando en todas las acciones los intereses del estado y privilegiando el beneficio público por sobre el particular o familiar
e)	el desarrollo de las funciones propias con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas y los medios a su cargo únicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes evitando cualquier posible ostentación.

Artículo 3º: Todos los sujetos comprendidos en el artículo primero deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.

Artículo 4º: Por sometimiento voluntario a sus normas, el ámbito de aplicación de la presente podrá extenderse a los miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de asociaciones gremiales de trabajadores, de empresarios, profesionales, comunitarias, sociales y toda entidad cuyo objeto sea administrar derechos e intereses colectivos o grupos organizados de personas.

CAPITULO III
REGIMEN DE LAS DECLARACIONES JURADAS

Artículo 5º: Los funcionarios deberán presentar ante el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur una declaración jurada de bienes bajo juramento de ley y dentro del término de treinta días de hacer efectivo el cargo.

Artículo 6º: La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. En especial se detallarán los indicados en el Artículo 3, inciso 1 acápites a) a i) e inciso 2 del mismo artículo de la Ley Provincial N° 352.

Artículo 7º: Quedan comprendidas  en la obligación del artículo precedente todas las personas aludidas en el Artículo 2, incisos a) a g) de la Ley Provincial N° 352, como así también  el personal policial a partir de la jerarquía  de Subcomisario  y/o aquél personal que sin ostentar dicha jerarquía, sean jefes de dependencia.

Artículo 8º: Modifícase el Artículo 4 de la Ley Provincial 352, el que quedará redactado de la siguiente manera:
El listado de las declaraciones juradas señaladas en el artículo 7 de la presente, tendrá carácter público, debiendo ser publicadas en el Boletín Oficial y en Internet, en un plazo no mayor de sesenta días de recibidas en el correspondiente Registro.

Artículo 9: En cualquier tiempo toda persona podrá consultar y/u obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado, previa presentación de una solicitud escrita en la que se indique:
a)	Nombre y apellido, documento de identidad, ocupación y domicilio del solicitante
b)	Nombre y domicilio de cualquier otra persona u organización en nombre de la cual se solicita la declaración
c)	El objeto que motiva la petición y el destino que se dará al informe

d)	La declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del Artículo 10 de esta ley referente al uso indebido de la declaración jurada y la sanción prevista para quien la solicite y le dé un uso ilegal.

Artículo 10º: La persona que acceda a una declaración jurada mediante el procedimiento previsto en esta ley, no podrá utilizarla para:
a)	cualquier propósito ilegal
b)	cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general
c)	determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo
d)	efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de otra índole
Todo uso ilegal de una declaración jurada será pasible de la sanción de multa que se establecerá en la reglamentación de la presente.
Las sanciones impuestas por violaciones a lo dispuesto en este artículo serán recurribles judicialmente ante los juzgados competentes.
La reglamentación establecerá un procedimiento sancionatorio que garantice el derecho de defensa de las personas investigadas por la presunta comisión de la infracción prevista en este artículo.

Artículo 11: Estará exenta de publicidad, la información contenida en la declaración jurada patrimonial relativa a:
a)	Nombre del banco o entidad financiera en que tuviese depósito de dinero
b)	Números de cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y sus extensiones
c)	Declaraciones juradas sobre impuesto a las ganancias o bienes personales no incorporados al proceso económico  Ubicación detallada de los bienes inmuebles
d)	Datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables
e)	Cualquier otra limitación establecida por las leyes

Artículo 12: Aquéllos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales , profesionales, académicos, de publicaciones y otras actividades conexas que acrediten especial versación en la materia de su competencia y que faciliten un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse.

CAPITULO IV
REQUERIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE INCREMENTO PATRIMONIAL

Artículo 13: Son de plena aplicación para el caso los Artículos 8 a 15 inclusive de la Ley Provincial N° 352

CAPITULO V
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

Artículo 14: Se remite a las incompatibilidades establecidas en los Artículos 9, 92, 133, 137, 149 y 165 de la Constitución Provincial.
Es además incompatible con el ejercicio de la función pública; dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del estado en donde desempeñe sus funciones.

Artículo 15: Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.

Artículo 16: Cuando los actos emitidos por los sujetos del Artículo 1 estén alcanzados por el régimen de incompatibilidades establecido en el Artículo 14, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos del Artículo 14 de la Ley Nacional N° 19.549.  
Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.

CAPITULO VI
REGIMEN DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS

Artículo 17: Se remite a lo normado por el Artículo 11 de la Constitución Provincial, estableciendo como prioridad la salud, la educación, la acción social y el patrimonio histórico cultural.

CAPITULO VII
PREVENCIÓN SUMARIA

Artículo 18: La presunta infracción a la presente norma, dará origen a una investigación sumaria en el organismo al que pertenece el infractor, con notificación dentro de las veinticuatro horas, a la Fiscalía de Estado y al Tribunal de Cuentas.

Artículo 19: La investigación podrá promoverse por iniciativa de autoridades superiores o de denuncia fundada de terceros. La reglamentación determinará el procedimiento con el debido resguardo del derecho de defensa.
El investigado deberá ser informado del objeto de la investigación y tendrá derecho a ofrecer la prueba que estime pertinente para su mejor defensa.

Artículo 20: Cuando en el curso de la tramitación de la prevención sumaria, surgiere la presunción de comisión de un delito, la autoridad a cargo de ella deberá poner el caso con todos los antecedentes reunidos en conocimiento del juez o fiscal competente.

Artículo 21: Cuando los funcionarios tengan fueros especiales, las actuaciones serán enviadas al organismo correspondiente para el tratamiento constitucional que corresponda.

Artículo 22: Los funcionarios involucrados en causas por aplicación de la presente ley, no podrán abandonar el país, ni domiciliarse fuera de la provincia, hasta tanto no se resuelva en el sumario respectivo.

CAPITULO VIII
SANCIONES

Artículo 23: La falta de idoneidad de un funcionario, verificable a partir del incumplimiento de los requisitos exigibles para el desempeño del cargo, se considerará falta ética de quien lo propuso, de quien lo designó y/o del propio funcionario que aceptó el cargo, sin perjuicio de las acciones específicas que se deriven del hecho.

Artículo 24: Los funcionarios no electivos y los agentes escalafonados que, infrinjan la prohibición de acumulación de dos o más empleos públicos rentados, sea de planta permanente o por contrato, así sean nacionales, provinciales o municipales, serán declarados cesantes.
Si se tratare de funcionarios electos, se remitirán las actuaciones al titular del cuerpo u organismo al que pertenece el infractor, a efectos de que se arbitren los medios para su juzgamiento. Todo ello sin perjuicio de la iniciación de las acciones administrativas, civiles y/o penales que pudieren corresponder.
Los sujetos incursos en tales sanciones no podrán reingresar a la función o empleo público por el término de diez años.

Artículo 25: Las sanciones previstas en la presente ley se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder de acuerdo a las leyes vigentes. En ningún caso la renuncia impedirá el juzgamiento del renunciante por las faltas o delitos previstos en la presente.

CAPITULO IX
PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN

Artículo 26: La Fiscalía de Estado y/o el Tribunal de Cuentas podrán dar a publicidad por los medios que consideren necesarios, de acuerdo a las características de cada caso y a las normas que rigen el mismo, las conclusiones arribadas sobre la producción de un acto considerado violatorio de la ética pública.

Artículo 27: Las autoridades de aplicación promoverán programas permanentes de capacitación  y de divulgación del contenido de la presente ley y sus normas reglamentarias, para que las personas involucradas, sean debidamente informadas.
La enseñanza de la ética pública se instrumentará como un contenido específico de todos los niveles educativos.

Artículo 28: La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos, deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.

CAPITULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 29: Los magistrados, funcionarios y empleados públicos alcanzados por el régimen de declaraciones juradas establecido en la presente ley, que se encontraren en funciones a la fecha en que la misma entre en vigencia, deberán cumplir con las presentaciones dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha.

Artículo 30: La presente ley deberá ser reglamentada en el plazo de treinta días a partir de su sanción.

Artículo 31: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese.