FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

	Que, desde el Bloque del A.R.I. se propicia la reforma del código contencioso administrativo, en lo referente a la imposición de costas en materia de empleo público y causas previsionales.

	La reforma intentada tiene por objeto, como en otro tipo de cuestiones, desandar un camino de degradaciones institucionales y pérdidas de derechos. 

	Como se sabe, la ley provincial 460, lejos de establecer un cálculo de gastos y recursos para el ejercicio financiero 2.000, instaló en la provincia un proyecto político a largo plazo marcadamente autoritario y cercenador de elementales derechos constitucionales –especialmente sociales tales como salario, regímenes de empleo, acceso a la justicia, debido proceso,  etcétera-. Por cierto, a este menemismo a destiempo, la sociedad fueguina, en una muestra de conciencia cívica trascendente, supo frenarlo a tiempo.

	De los muchos aspectos que ha presentado –y aún hoy presenta- la ley provincial 460 para su análisis, evaluación y revisión, existe uno que de alguna forma se intenta modificar con la presente. Nos referimos al cercenamiento del acceso a la justicia y la conculcación de la garantía del debido proceso.

	Respecto de los trabajadores públicos y los jubilados –los sectores que, en definitiva, más sufrieron las políticas de ajuste salvaje implementadas por el manfredottismo-, el acceso a la justicia se intentó -por decirlo de alguna forma- “desalentar” mediante tres aspectos principales: 1) el establecimiento de tasa de justicia al trabajador estatal; 2) la suspensión de ejecución de sentencias contra el estado y 3) la modificación del sistema de imposición de costas establecido originariamente por la ley 133.

	En cuanto al establecimiento de la tasa de justicia, recientemente el S.T.J. ha declarado la inconstitucionalidad de tal aberración. Retroceso histórico en materia de derechos sociales que indudablemente quedará como una de las manchas más evidentes de la gestión saliente. La imposición de tasa de justicia al trabajador estatal implicó revertir la tendencia que marcó el programa petitorio del 1° de mayo de 1890 (punto 12), que establecía la gratuidad en las “cuestiones entre obreros y patrones”. Garantía que se encuentra plasmada en el art. 16 inciso 9 de la Constitución Provincial.

	No obstante a la fecha haber sido declarado inconstitucional el art. 41 de la ley provincial 460, lo cierto es que el mismo sigue vigente, por lo que entendemos debe ser derogado.

	En lo que se refiere a la suspensión de ejecución de sentencias, lamentablemente no han sido las instituciones de la República las que salvaguardaron la Constitución, sino que la ausencia actual de lesión se debe simplemente al tiempo. El plazo de suspensión de ejecución de sentencias (art. 18 ley 460, prorrogado por art. 25 ley provincial 542) se ha agotado sin que un nuevo bastardeo institucional de la garantía del debido proceso prolongue la agonía de la lesión constitucional.

	Es decir, mientras que la cuestión referente a la tasa de justicia tuvo una respuesta institucional dada por el Poder Judicial, la suerte de la ausencia de lesión actual relacionada con la suspensión de ejecución de sentencias, se debe a una estricta cuestión cronológica.

	Queda, entonces, revertir el último de los aspectos con los que se instauró en nuestra provincia un perverso sistema. La derogación por parte de la ley provincial 460 del segundo párrafo del artículo 59 del código contencioso administrativo.

	Es, en nuestra opinión, deber de este poder del Estado, revertir definitivamente tan desafortunadas reformas.

	Por ello –y por los argumentos que se ampliarán en su oportunidad - es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de ley. 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 
SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY:

ARTICULO 1°.-   Agréguese como segundo párrafo del artículo 59 de la ley provincial 133 el siguiente texto:

“En materia previsional y de empleo público, cuando la parte vencida fuere el administrado, el Tribunal le impondrá las costas sólo cuando hubiese sostenido su acción con temeridad, o hubiere incurrido en pluspetición inexcusable, en relación a la parte excedida”.

ARTICULO 2°.- Deróganse los artículos 40 y 41 de la ley provincial 460.

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.