Fundamentos

Señor Presidente:

          Los recientes acontecimientos que se  sucedieron en la provincia en relación a sospechas de hechos de corrupción y denuncias llevadas a cabo tanto en sede judicial como así también en la Fiscalía de Estado, que ponen en tela de juicio la transparencia de muchos actos administrativos realizados en el estado, la posibilidad de incrementos indebidos de patrimonio por parte de funcionarios públicos y las declaraciones efectuadas por el Sr. Intendente de Ushuaia, el Sr. Vice Gobernador y el Ministro Coordinador sobre la posibilidad de difundir las declaraciones juradas de los funcionarios sospechados nos muestra un cambio en el concepto de la transparencia que debe regir en la conducta de nuestros gobernantes.
        Estas actitudes, lejos de cuestionarlas, las ciudadanía las recibe con profunda satisfacción ya que le permite al pueblo en su conjunto tener una herramienta más para ejercer el control de los deberes de los funcionarios.

	En la Provincia de Tierra del Fuego, el pueblo sancionó su Constitución con el objeto de consolidar un Estado de Derecho bajo el imperio de la Ley, y organizó su gobierno bajo el régimen democrático y la forma republicana y representativa, reservándose la soberanía que emana de él y en él reside, ejerciéndola por si y por intermedio de sus representantes legítimos.

	También el Pueblo Fueguino se constituyó como parte integrante de la República Argentina, de acuerdo con el régimen democrático establecido en la Constitución Nacional, que adopta como su ley suprema.

	Estado de Derecho, República y Democracia implican, esencialmente, PARTICIPACIÓN efectiva y libre del auténtico soberano en la construcción del destino colectivo y en la corrección de las desviaciones que al rumbo constitucional se presenten.

	El plexo normativo que se construye a partir de esos cimientos comprende, en su faz positiva, los derechos al sufragio, a elegir y ser elegido, a participar en partidos políticos (arts. 26 y 27 CP) y otras formas de participación de la ciudadanía (arts. 201 a 209 CP), como lo atinente a iniciativa popular, consulta popular o revocatoria de mandatos.

	La participación de la ciudadanía en la conducción del destino comunitario ha sido elevada a la categoría de derecho humano, en el proceso de evolución de la democracia que abarca, principalmente, desde la segunda mitad del siglo pasado.

	Así, en la Constitución Nacional que Tierra del Fuego adopta como su ley suprema, Instrumentos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 30 de marzo al 2 de mayo de 1.948); la Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1.948); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1.969) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de Naciones Unidas, 16 de Diciembre de 1.966), que “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos” (art. 75 inc. 22 CN) consagran expresamente el DERECHO DE PARTICIPACIÓN apuntado.

	Estado de Derecho, República y Democracia implican, esencialmente, CONTROL efectivo, oportuno y útil por parte del auténtico soberano, sobre aquellos en quienes delega en parte el ejercicio de la soberanía.

	De ahí que quien libremente elige asumir la responsabilidad ciudadana de convertirse en soporte y depositario de la soberanía del Pueblo, invistiéndose de los caracteres de Delegado Popular, Mandatario o Representante del Pueblo, o Funcionario Público, conscientemente asume las consecuencias de su elección libre.

	En la vida no hay elecciones gratuitas, despojadas de responsabilidad. Con más razón si lo que el ser humano elige libremente es representar a otro, administrar los bienes de otro; y con más razón es así cuando “ese otro” a quien se elige representar y servir es la comunidad.

	No sólo se gana cuando se es funcionario público. También se pierde. El funcionario público pierde, por ejemplo, la posibilidad de no ser controlado, pierde la posibilidad de negarse a dar explicaciones, pierde la posibilidad de no tener que rendir cuentas, pierde la posibilidad de no ser público o, lo que es lo mismo, pierde privacidad, pierde la posibilidad de no ser transparente.

	De ahí que el patrimonio del funcionario público debe ser publicado, a condición sólo de que se invoque y acredite un interés legítimo o un fin comunitariamente útil. Dicha publicidad tiene que posibilitarse al asumir la gestión, durante la misma y al cesar en el cargo, abarcando su conformación original, sus evoluciones, y su integración al cese, de manera que la comunidad pueda exigir las explicaciones necesarias en caso de incremento sustancial o injustificado.

	La política, concebida como servicio comunitario, no puede ser ejercida ni usada en beneficio personal de los funcionarios, sino que debe erradicarse toda posibilidad o riesgo de que sirva al enriquecimiento indebido de quien libremente ha efectuado importantes renunciamientos por someterse a la condición de servidor popular, renunciamientos que imponen las mayores transparencia y sujeción a control, así como a los deberes de dar explicaciones y de rendir cuentas.

	A mayor transparencia, a mayor publicidad, corresponderán mayor responsabilidad, mayor honestidad y, en definitiva, mayor democracia real y mayor participación de la ciudadanía, valores éstos que se retroalimentan el uno al otro, posibilitando el imperio de la legalidad constitucionalmente perseguido.

	Ante tales valoraciones, sentidas como positivas por la sociedad que ha experimentado terribles casos de corrupción de la clase política y enriquecimiento ilegal de numerosos funcionarios que, en beneficio propio y de unos pocos allegados, vaciaron el país en perjuicio del grueso de la población, el carácter reservado o secreto de las declaraciones juradas patrimoniales deviene obsoleto e inadecuado al estado actual de las teoría y práctica políticas, por lo que es aconsejable su levantamiento como respuesta a un largo y ampliamente arraigado reclamo del Pueblo que sufre las consecuencias de las ilegales e ilegítimas desviaciones del poder.

	En tal sentido propiciamos la reforma de la ley provincial 352, valiéndonos de que muchos Legisladores Provinciales se han manifestado expresamente en el sentido de no tener problema en que se publiquen las DDJJ referidas (Sesión Especial del viernes 5 de Marzo de 2004). Por lo que solicitamos nos acompañen en el presente proyecto de ley.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
SANCIONA CON FUERZA DE
 LEY:

ARTÍCULO 1°: SUSTITÚYESE el artículo 3° de la Ley Provincial 352, por el texto siguiente:
	“Artículo 3°: Las declaraciones juradas deberán contener:
1) la nómina y el detalle de todos los bienes, créditos, deudas, ingresos  y egresos propios del declarante, propios de su cónyuge o conviviente, los que integren la sociedad conyugal o sociedad de hecho según el caso, y de sus hijos menores, ubicados u originados en el país o en el extranjero, con especial individualización de los que se indican a continuación:
a) bienes inmuebles, así como las mejoras que se hayan realizado sobre los mismos;
b) bienes muebles registrables, automotores, naves, aeronaves, yates, motocicletas y similares;
c) otros bienes muebles, como equipos, instrumental, joyas, objetos de arte o semovientes, determinando su valor en conjunto. En caso de que alguno de ellos supere el valor de mil pesos deberá ser individualizado;
d) capitales invertidos en títulos, acciones y demás valores, cotizables o no en bolsa; o en explotaciones unipersonales o societarias;
e) depósitos en bancos y otras entidades financieras, de ahorro o previsionales, en el país o en el exterior; tenencia de dinero efectivo, en moneda nacional o extranjera. En sobre cerrado y lacrado deberá indicarse el nombre del banco o entidad de que se trate, y los números de cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y las extensiones que posea. Dicho sobre será reservado y sólo podrá ser entregado a requerimiento de la autoridad de aplicación de la presente ley, o de autoridad judicial;
f) créditos hipotecarios, prendarios y personales;
g) deudas hipotecarias, prendarias y comunes;
h) ingresos y egresos derivados del trabajo en relación de dependencia, del ejercicio de actividades independientes, como profesión, oficio, comercio, industria, etcétera y los derivados de los sistemas previsionales, jubilación, retiro, pensión; dinero en efectivo: moneda nacional o extranjera.-
En el caso de los incisos a), b), c) y d) del presente artículo, deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición de los bienes, así como el origen de los fondos aplicados a cada adquisición.-
2) Nombre, apellido, profesión, medios de vida y domicilio de sus parientes por consanguinidad en línea recta y de los convivientes en aparente matrimonio”.-

ARTÍCULO 2°: SUSTITÚYESE el artículo 4° de la Ley Provincial 352, por el texto siguiente:
	“Artículo 4°: Las declaraciones juradas se presentarán al Registro y se firmarán ante el Escribano General de Gobierno.-
	El listado de las declaraciones juradas así como el contenido de las mismas será público.-
	La publicidad de los listado y contenido de las declaraciones juradas establecida en el párrafo anterior se aplica también a todos los funcionarios que hubieran cesado en sus funciones al tiempo de su entrada en vigencia, cualquiera sea el tiempo transcurrido desde el cese.-
	Toda persona podrá consultar y obtener copia de las mismas. La solicitud será presentada al registro creado por el art. 2º de la presente, y deberá observar las siguientes condiciones:
	a) nombre y apellido, documento, ocupación y domicilio del solicitante;
	b) nombre y domicilio de cualquier otra persona u organización en nombre de la cual se solicita la consulta o copia de las declaraciones juradas;
	c) el objeto que motiva la petición y el destino que se le dará al informe; y
	d) la declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del artículo 4bis de la presente, relativo al uso indebido de la información obtenida por acceso a consulta o copia de las declaraciones juradas y la sanción prevista para el uso ilegal de la misma.-
	Las solicitudes presentadas también quedarán a disposición del público en el período durante el cual las declaraciones juradas deban ser conservadas”.-

ARTÍCULO 3º: INCORPÓRASE a la ley provincial 352, como artículo 4ºbis, el siguiente:
	“Artículo 4ºbis: La persona que acceda a una declaración jurada mediante el procedimiento previsto en el artículo anterior, no podrá utilizarla para:
	a) cualquier propósito ilegal;
	b) cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para difusión al público en general;
	c) determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo; o
	d) efectuar, en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de otra índole.-
	Todo uso ilegal de una declaración jurada será pasible de la sanción de multa de quinientos pesos hasta diez mil pesos. El órgano facultado para aplicar esta sanción será el Tribunal de Cuentas de la Provincia el cual.-
	El sancionado dispondrá, en la instancia ante el Tribunal de Cuentas, de los recursos previstos por la ley de creación de dicho organismo para los estipendiarios declarados responsables de perjuicio al Estado.-
	La Vocalía Legal del Tribunal de Cuentas, a través del miembro del Cuerpo de Abogados que designe, perseguirá la ejecución judicial de la multa en defecto de pago voluntario, para lo cual el certificado correspondiente será título ejecutivo hábil. En esta instancia el sancionado dispondrá de los recursos y defensas previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, para el proceso ejecutivo”.-

ARTÍCULO 4°: SUSTITÚYESE el art. 16º de la ley provincial 352, por el texto siguiente:
	“Artículo 16º: El no cumplimiento de la presentación en término, por parte del obligado de la declaración jurada patrimonial de acuerdo a los artículos 5º y 6º de la presente Ley, será considerado falta grave y dará lugar y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de los demás alcances y consecuencias que las leyes atribuyen a las conductas consideradas como falta grave en el cumplimiento de la función pública.-
	Sin perjuicio de ello se impondrá al incumplidor, como sanción conminatoria compulsiva tendiente a provocar el cese en el incumplimiento, la suspensión en forma inmediata de la percepción de sus emolumentos o la privación de beneficios previsionales durante el tiempo que dure aquélla.-
	El Tribunal de Cuentas de la Provincia comunicará tal circunstancia a las áreas u organismos en que preste servicios la persona aludida en el párrafo primero del presente artículo, a efectos de producir la suspensión respectiva y la sustanciación del correspondiente sumario administrativo.-
	Las personas que no hayan presentado su declaración jurada patrimonial al egresar de la función pública en cualquier cargo comprendido en la presente ley, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado no cumpliere en término y forma con la presentación intimada, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder”.-

ARTÍCULO 5°: SUSTITÚYESE el art. 17º de la ley provincial 352 por el texto siguiente:
	“Artículo 17º: El que ocultare o falseare la verdadera situación patrimonial al tiempo de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales a que se refiere el presente régimen, incurrirá en falta, será pasible de las mismas sanciones previstas en el artículo anterior, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan”.-

ARTÍCULO 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.-