FUNDAMENTOS
Señor Presidente:

	El objeto del proyecto que sometemos a consideración de la cámara legislativa aborda una problemática extremadamente dolorosa, como son los delitos contra la integridad sexual  que, como veremos a la luz de la estadística nacional y particularmente de la provincia, han tenido un crecimiento significativo en el transcurso de este último decenio y del cual surge con evidencia irrefutable la necesidad de generar normas que permitan generar mecanismos protectivos.

El espíritu liminar de la presente iniciativa es la prevención y con ello evitar la posible reincidencia de crímenes contra la sexualidad y se inscribe en una corriente que tiene sus inicios en la década pasada y que se ha extendido a diferentes provincias de nuestro país, las cuales han creado registros similares al aquí planteado y que han sido considerados para la redacción del presente proyecto y que infra analizamos.

 A modo de introducción, y a efectos de realizar un breve alegato en defensa de los registros, los cuales han sido atacados por detractores y desmedidos garantistas con el argumento de que éstos crean una pena accesoria y ello estigmatiza a las personas que cumplieron su condena, resulta necesario señalar, en primer lugar, que por las características propias de estos delitos y quienes los cometen, lo que se encuentra en juego fundamentalmente es la seguridad pública, y que si ello eventualmente produciría  una colisión con el derecho a la privacidad de abusadores y violadores, y en este sentido nos inclinamos por la seguridad de nuestro pueblo.

Como cualquier ciudadano, el abusador, antes de la comisión del delito, tuvo la libertad de determinar si lo que hacía era bueno o malo. La víctima, por el contrario, nunca tuvo ni tendrá ninguna opción, ni antes, ni después, debiendo cargar el traumatismo del hecho de por vida, como una circunstancia que le vulneró de modo aberrante su intimidad y su libertad sexual.

El efecto o resultado en la salud mental, emocional, espiritual o psicológica de la víctima, y que además genera connotaciones de interés público, son los motivos que justifican la condena del que la provocó. El alto grado de reincidencia del abusador, obliga a la Sociedad a tener registrado dónde está físicamente para hacer uso de un derecho individual y social, como es la protección y prevención de su salud y su vida de las personas y es ese Estado, el que para ello, debe considerar un sistema de protección como el que proponemos.

Por ello, ante la necesidad de evaluar la necesidad de identificar, certificar y ubicar a quienes han cometido delitos que para nuestro derecho positivo y para la moral pública, resultan aberrantes, persiguen un objeto protectivo de singular importancia para preservar a nuestra sociedad, léase a nuestras familias, de nuevas conductas delictivas que, como veremos en el desarrollo de los fundamentos, tiende a repetirse en niveles elevados.

Como hemos dicho en estos últimos años, de acuerdo a los registros delictuales, han crecido las agresiones sexuales en general y particularmente a menores que son sometidos en su inocencia, utilizando para ello la notable desproporción de la fuerza física e intelectual del agresor sobre la víctima.  Tales delitos tienen una característica que los distingue de la mayoría de aquellos que tipifica el Código Penal: la habitualidad es mucho más frecuente, la reincidencia se produce en porcentajes alarmantemente mayores que en los demás casos. Reconocidos estudios psiquiátricos demuestran que el delincuente sexual no es en general un insano, ya que reconoce la calidad de sus actos, comprende su criminalidad y está en pleno uso de sus facultades al cometerlo, lo que le permite dirigir sus acciones con libertad. Los estudios indican que no sólo no cometería el hecho si hubiera alguien que lo viera, sino que tampoco lo haría si pensara que hay alguna posibilidad de ser apresado. 

	En Tierra del Fuego los delitos contra la libertad sexual de las personas tienen una presencia cada vez más significativa en la estadística delictual. El elevado crecimiento de la población  (mayor del país) como consecuencia del flujo migratorio y la alta tasa de personas en tránsito, nos señala como una sociedad en estado de formación que, por sus características, resulta ser más permeable a este tipo de delitos.

	Es así que una investigación sobre la temática “Delitos contra la integridad sexual en Tierra del Fuego”, realizado en el ámbito de la justicia provincial en el año 2008, al abordar el comportamiento y evolución de los delitos contra la integridad sexual (DIS) en nuestra provincia en los últimos diez años, basándose en denuncias policiales, expedientes de los Juzgados de Instrucción Penal y legajos de ejecución de sentencias de condenados por ese tipo de delito, da cuenta de la notable incidencia que éstos tienen en el universo delictual, además de estimar que solo es denunciado 1 de cada 10 que se cometen, cuestión, esta última, que nos permite visualizar que en el fenómeno DIS existen los delitos que quedan registrados y aquellos que no llegan a conocimiento institucional.

En el período que va desde el año 1998 a 2008 en TDF se registran 555 denuncias contra la integridad sexual con una tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes de 55,5 En comparación con el promedio nacional, conforme datos generales suministrados por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, referida a cómputos realizados durante 2007, da cuenta que la incidencia en el país es del 26.82%. Los datos precedentemente referenciados permiten alertar que la tasa de DIS por cantidad de habitantes en la provincia es considerablemente superior a la media nacional.  
 
Resulta importante señalar que del precitado informe circunstanciado también se determina que el promedio de edad de las víctimas en nuestra jurisdicción es de 12 años, con mayor presencia de mujeres (84%) sobre masculinos (16%) y que, conforme al relevamiento de sentencias pronunciadas por nuestros tribunales, la franjas etarias con mayor riesgo victimológico, son las comprendidas entre los 10 y los 12 años (31%) y de 13 a 15 años 24%). Ello además se corrobora en que la mayoría de las sentencias pronunciadas sobre este tipo de delitos se corresponden a abuso sexual infantil.

Como contrapartida el estudio determina que el perfil de victimario son en su totalidad hombres, con un promedio de edad de 40 años y con un perfil psicológico en el que prevalece las categorías de “descontrol de impulsos”. Es dable señalar que en un porcentaje importante existen antecedentes de violencia familiar en el contexto de crianza del victimario.

A los efectos de la presente iniciativa es relevante subrayar que en la mayor parte de los entrevistados el delito no fue de ocasión y que puede colegirse una circunstancia delictiva planeada. El informe refiere que hubo un “hacer” que llevó a la consumación y que, cuando se expresaron en orden a la “culpa”, las respuestas no hicieron mención a las consecuencias de sus actos sobre la víctima, sino a cuestiones asociadas a sus personas, tales como la imagen social, el posible abandono familiar, la pérdida laboral, etc.

También el referido trabajo observa que en general, el victimario es conocido por la víctima, sea en calidad de familiar, vecino, maestro, operador institucional, etc. El porcentaje de victimarios desconocidos, si bien no es irrelevante, es mucho menor que el resto de lo compulsado. Como conclusión general respecto a las  presuntas víctimas en las denuncias puede decirse que la edad de mayor vulnerabilidad es en la niñez y adolescencia (10 a 15 años), que la clase social prevalente en las denuncias es la media baja (esto no implica que el delito no ocurra en las clases altas), que los tipos de familia que poseen las víctimas tienen presencia de figuras adultas en más de una, y que los victimarios en general no son desconocidos por las víctimas.

	De los rasgos expuestos es posible deducir el nivel de exposición en que se encuentra nuestra sociedad frente a individuos de las características precedentes, toda vez que su forma de actuar en la mayoría de los casos responde a una planificación consciente o subconsciente para acometer el acto, lo que nos exige crear un sistema protectivo y disuasivo.

El registro que se pretende crear pone en conocimiento de quienes articulan la prevención delictual la presencia de un ex convicto de delitos contra la libertad sexual para de ese modo tomar las precauciones del caso. Particularmente cuando los condenados han realizado actos delictivos contra menores que, por las características propias del modus operandi y del perfil psicológico, como se sabe, tienen amplia incidencia repetitiva. Además, debe tenerse especial consideración, en relación con nuestra provincia, el crecimiento del tipo delictual, la tasa más elevada del país ya expuesto precedentemente, el iter criminis (las diferentes fases que atraviesa una persona desde que en su mente se produce la idea de cometer un delito) y la elevada tasa en relación a la victimación  de menores 10 y los 12 años.

También se prevé que las actuaciones que se registren sean informadas a los organismos de seguridad y a jurisdicciones institucionales y organizaciones privadas que demuestren un interés legítimo (ej: direcciones de establecimientos escolares o aquellas que por su tarea habitual tengan la responsabilidad de albergar menores de edad). 
En otros países se emplean sistemas parecidos al que impulsa el proyecto adjunto. El más conocido es el registro puesto en funcionamiento en el Estado de California a través de la denominada “Ley Megan” (en memoria de una niña violada y asesinada por un individuo con doce (12) antecedentes por Abuso Sexual en menores y que vivía enfrente de la casa de la menor sin que estos tuvieran conocimiento sobre el prontuario del victimario). 
La ley denominada 'Megan', así como distintos casos que se han registrado en diferentes países como en Argentina surgen además porque las personas resultan ser 'reincidentes' y considerados de alto riesgo, y se enfatiza que los padres de las víctimas podrían haber evitados los hechos, en caso de conocer las circunstancias personales de los agresores. El hecho que los padres de los menores y la sociedad en su conjunto no tuviera conocimiento de los imputados en hechos de estas características y con reincidencia, fueron el detonante y el causal de legislaciones que intentan alertar a terceros sobre la necesidad de tomar recaudos por la peligrosidad de determinados delincuentes.
Esto se refleja de modo notorio con el cambio en la legislación argentina, con la sanción de la Ley 25.087 en el año 1999, que bajo la nominación “Delitos contra la integridad sexual” sustituyó la referencia a la moralidad que caracterizaba al Título III del Código Penal, que hablaba de “Delitos contra la honestidad”. La nueva ley introduce un gran cambio ya desde su titulo, ya que modifica radicalmente el bien jurídico protegido. La ley protege a partir de esa reforma del año 1999, la libertad individual en su capacidad de decisión sobre el uso de la sexualidad, desestimando como bien protegido el honor familiar del varón o la honestidad de la mujer, reconociendo otras formas de agresión sexual, y en general a la violencia sexual como un delito, ampliando el concepto de violación (a cualquier vía de penetración). En tal sentido el proyecto adjunto determina como registrables los delitos tipificados en el Libro II, Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), Capítulos II, III y IV del Código Penal realizando la salvedad, mediante artículo 9º, que la condena sobre estos delitos se encuentre firme, y que el Tribunal determine, conforme a la prueba rendida, la probabilidad de reiteración delictiva.

TITULO III
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Capítulo II
ARTICULO 119. - Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.
En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f)."
ARTICULO 120 — Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado.
La pena será de prisión o reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del artículo 119.
ARTICULO 124.- Se impondrá reclusión o prisión perpetua, cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.
Capítulo III
ARTICULO 125.- El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.
ARTICULO 125 bis.- El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también, si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.
ARTICULO 126.- Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución de mayores de dieciocho años de edad mediando engaño, abuso de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.
ARTICULO 127.- Será reprimido con prisión de tres a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, mediando engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.
ARTICULO 127 bis.- El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de 18 años para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de prisión o reclusión de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de su educación o guarda.
ARTICULO 127 ter.- El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de 18 años para que ejerza la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años.
ARTICULO 128.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de dieciocho años, al igual que el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.
En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de dieciocho años de edad al momento de la creación de la imagen.
Será reprimido con prisión de un mes a tres años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.
ARTICULO 129.- Será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros.
Si los afectados fueren menores de dieciocho años la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años.
Capítulo IV
ARTICULO 130.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual.
La pena será de seis meses a dos años, si se tratare de una persona menor de dieciséis años, con su consentimiento.
La pena será de dos a seis años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de trece años, con el mismo fin.
La presente iniciativa también prevé la creación de un registro de identificación genética sobre este tipo de delitos. Es dable señalar que existe en materia legislativa una clara tendencia en la materia lo cual se manifiesta en distintas normas en creación o sancionadas, tanto a nivel provincial como nacional. Estas son, brevemente, las características generales de los registros provinciales.
Así, por ejemplo, la Provincia de Córdoba, donde se creó lo que se denomina el Programa Provincial de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención de Delitos contra la Integridad Sexual. A este Registro, solamente se puede acceder a los datos con autorización judicial. El mismo prevé la aportación de datos genéticos para eventuales comprobaciones judiciales y la comparecencia obligatoria mensual de las personas registradas ante una dependencia policial, de manera que exista un control preventivo eficaz.
En la Provincia de Buenos Aires se creó el Banco de Datos Genéticos que depende de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. En el banco se deben incluir los resultados de los estudios genéticos realizados en las investigaciones realizadas en causas penales, en especial en aquellas en las que se investiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas. Por la misma ley, se dispuso la creación del Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, el que depende del Ministerio de Justicia. En este registro se asienta la identidad de los condenados y sus demás datos personales obrantes en las sentencia de condena. Se establece que el acceso a la información del registro, debe ser con autorización judicial y respetando los principios de Interés legítimo y publicidad.
En la Provincia de Santa Fe se creó el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, el que funciona en el ámbito del Poder Judicial. Se forma con los datos personales de los condenados, datos físicos, la fecha de la condena, el monto de la pena recibida y demás antecedentes del historial delictivo de quien se trate. Asimismo, la propia ley dispuso crear lo que denomina el Banco Provincial de Información Genética de Abusadores Sexuales, también dependiente de la Suprema Corte de la provincia. En este banco debe constar, entre otros datos, la información genética de las personas condenadas por los delitos contra la integridad sexual tipificados en los artículos 119 y 120 del Código Penal. Las constancias que obran en el banco son de contenido reservado y únicamente pueden ser suministradas, mediante orden judicial. La información genética almacenada no puede ser retirada del Banco y solamente es dada de baja por el fallecimiento de la persona.
En materia del registro genético es preciso señalar que con similares características al presente proyecto de ley ha sido implementado con singular éxito por las provincias de San Luis, La Pampa, Corrientes, San Juan, Santa Cruz, entre otras, funcionando dentro de la órbita de los ministerios de justicia o de los superiores tribunales de justicia. 
En la Provincia del Chubut se creó lo que se denomina Registro de Defensa de la Integridad Sexual, que depende del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Contempla la realización de un examen genético de las personas condenadas por esta clase de delitos, por orden judicial, previa sentencia firme de condena. Las constancias del registro son de carácter reservado y solamente pueden ser suministradas por orden del juez. Las muestras recién pueden ser dadas de baja con la muerte del condenado registrado. También contempla la ley una sección especializada, destinada a autores ignorados.
En un relevamiento sobre registros de esta naturaleza que se encuentran en funcionamiento en el resto del país, es dable advertir que la jurisdicción de aplicación suele ser el poder ejecutivo o el poder judicial. En el proyecto que presentamos hemos puesto bajo la tutela del Poder Judicial (Superior Tribunal de Justicia) el ámbito de funcionamiento por razones operativas, ya que cuenta con mayor estructura, recursos y funcionarios especializados para la concreción, custodia de los datos a introducirse y funcionamiento del registro, al poseer en la práctica un efectivo contacto e inmediación para con la investigación, custodia, realización y abordaje. Y además brinda una mayor seguridad contra la manipulación de los datos registrados.
Además, y dado el fuerte carácter de intercambio del flujo poblacional de nuestra provincia, el proyecto determina la potencialidad de que el registro sea abierto para la incorporación de los datos de condenados que obraren en el Registro Nacional de Reincidencia y en el de las demás jurisdicciones provinciales; incluso, podría ser receptor, vía convenios con otras jurisdicciones, de los datos que obraren en otros registros.
Por las razones expuestas y aquellas que no escaparán al elevado criterio de los Sres. Legisladores solicito el tratamiento del proyecto de ley que se acompaña.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE
L  E  Y

CREACIÓN DEL REGISTRO ESPECIAL DE ANTECENTES.
Artículo 1°: Créase a partir de la sanción de la presente ley el Registro Especial de Antecedentes de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual dependiente del Superior Tribunal de Justicia.
DELITOS CONTEMPLADOS.
Artículo 2º: Entiéndase a efectos de los alcanzados por el registro a los condenados por delitos tipificados en el Libro II, Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), Capítulos II, III y IV del Código Penal previo conforme de lo dispuesto en el art. 9º.
ANTECEDENTES REGISTRABLES.
Artículo 3°: En el Registro constarán todos aquellos elementos que identifiquen las causas, motivos, circunstancias de la conducta delictual, el modus operandi del condenado, su perfil psicológico, la condena impuesta, y  todo aquello que se entienda beneficiosos a los objetos de la presente. 
RECEPCIÓN DE ANTECENTES.
Artículo 4°: El registro recepcionará todas las condenas dictadas por los juzgados en materia penal de la provincia del Tierra del Fuego a partir de los últimos 5 años desde la entrada en vigencia de la presente ley teniendo como mínimo los siguientes datos: nombre y apellido, apodo, domicilio, peso, altura, foto actualizada, propiedades, vehículo/s que posee, profesión , edad, domicilio del condenado, como también tiempo de condena y fecha de posible liberación en caso de buena conducta .- 
Podrán incorporarse al registro los datos de condenados que obraren en el Registro Nacional de Reincidencia y en el de las demás jurisdicciones provinciales.
NOTIFICACIÓN A AUTORIDADES.
Artículo 5°: El Registro Especial notificará automática y permanente a las autoridades Policiales sobre las personas sujetas al Registro Especial, las modificaciones y actualización del mismo.
NOTIFICACIÓN POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES.
Artículo 6°: En el caso de condenados por delitos sexuales contra menores de edad las actuaciones registradas serán comunicadas a los establecimientos educativos, instituciones públicas o privadas vinculadas a la atención de menores.
INTERES LEGÍTIMO.
Artículo 7°: Toda persona que acredite ante el Registro Especial un interés legítimo podrá solicitar información sobre si una persona se encuentra o no incluida en dicho registro.
CADUCIDAD.
Artículo 8º: La caducidad de las registraciones se producirá conforme al Artículo 51 del Código Penal. 
INSCRIPCION DE LA SENTENCIA.
Artículo 9º: Incorporase al Artículo 372 del Código Procesal Penal de la Provincia (Ley Nº 168); lo siguiente:
 «Art. 372 – … Cuando la condena recaída, una vez firme ésta, lo sea por los delitos comprendidos en el Libro II, Título III, Capítulos II, III y IV del Código Penal, ordenará la inscripción de la sentencia en el Registro Especial de Antecedentes de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual, suministrando los  datos determinados en  la ley de su creación. Como así también, ordenara la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales.».
CREACION DEL REGISTRO ESPECIAL DE IDENTIFICACION GENETICA.
Artículo 10º: A los fines y objeto de la presente ley créase el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales que funcionará en el ámbito del Registro Especial de Antecedentes de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual dependiente del Superior Tribunal de Justicia conforme a las siguientes previsiones:
a) Constará en el Registro la información genética de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual tipificados en el TITULO III del Código Penal.
b) La realización del examen genético y la incorporación de la información al Registro se hará sólo por orden judicial previa sentencia firme. El Juez ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética y su inscripción en el Registro.
c) Las constancias obrantes en el Registro, serán de contenido reservado y sólo podrán ser suministradas mediante orden judicial:
c.1) A los Jueces y Tribunales de todo el país.
c.2) A las fuerzas de seguridad nacionales y las Policías de las diferentes Provincias, para atender necesidades de investigación. 
c.3) Cuando las leyes provinciales así lo dispongan.
d) La información genética almacenada no podrá ser retirada del Registro bajo ningún concepto y sólo será dada de baja por fallecimiento.
e) El Registro contará con una sección especial destinada a autores ignorados. En ella constarán las huellas genéticas identificadas en las víctimas de delitos sexuales. Su incorporación será ordenada judicialmente y será dada de baja de acuerdo con los términos previstos en el Código Penal para la prescripción de la acción penal.
f) Las constancias del Registro de Identificación Genética de Abusos Sexuales, conservadas de modo inviolable e inalterable harán plena fe, pudiendo ser impugnadas sólo judicialmente por error o falsedad.
g) En el marco de esta Ley queda absolutamente prohibida la utilización de muestras de ADN para otro fin que no sea exclusivamente la identificación de personas en investigación penal determinada.
h) Hasta tanto se incluya en la Ley General de Presupuesto, el gasto que demande la instalación y funcionamiento del Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, será afectado a Rentas Generales con imputación a la presente Ley.
Artículo 11.- El Registro Provincial de Identificación Geneática de Abusadores Sexuales, dispondrá de una Sección diferenciada que incorpora a los condenados, con sentencia firme, de otras jurisdicciones, previo la realización de convenios con aquellas jurisdicciones que dispongan de legislación sobre creación de Registros genéticos.
REGLAMENTACION.
Artículo 12°: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo de noventa (90) días, coordinando sus términos con el Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 13°: De forma.